Tubo de ensayo

Porque recordemos que les tocó un año difícil y lleno de vicisitudes que impactaron en los presupuestos y desde luego en la cobertura de la obra pública y social.

En esta primera década del segundo milenio el problema de la pobreza cobra dimensiones alarmantes. Sin duda, existen fallas estructurales que exacerban las diferencias en nuestras sociedades. Incluso los efectos negativos de la globalización recaen con mayor fuerza en los países subdesarrollados como México: “Al abarcar al planeta entero, los modelos económicos multiplican exponencialmente las distancias entre pobres y ricos, al grado que un porcentaje cada vez menor de personas controlan los recursos y potencialidades económicas del planeta. Para algunos enfrentamos un lucha complicada y prácticamente condenada al fracaso, si no se operan transformaciones sustantivas en el orden mundial”, dicen los especialistas. 

Los proyectos globales no pueden surtir efecto si no se tratan desde lo medular, esto es concentrarse con mayor frecuencia en aspectos individuales y se subraya la necesidad de acercarse al locus del problema mediante la participación activa de los gobiernos locales. 

Esto es que deberían ser los municipios los que diseñen sus programas y apliquen los presupuestos; se pierde mucho tiempo y dinero en aterrizar los recursos desde la federación al gobierno del estado y de ahí, a los municipios. 

Pero como no sucede así se tiene que partir de lo que hay, volviendo impostergable el rediseño de las acciones gubernamentales. Sin embargo, cabría preguntarse sobre la capacidad de los gobiernos estatales y particularmente municipales para articular acciones congruentes, cooperativas, sustentables y concertadas para atender no sólo los efectos sino las causas de la pobreza.

Así, son dos cosas distintas.

La política social agrupa acciones diversas y está orientada a mejorar tanto las condiciones de la calidad de vida, como las potencialidades futuras de desarrollo integral, con base en los criterios de equidad dentro de la sociedad. 

Lo anterior porque hay que recordar que durante el siglo pasado las condiciones de pobreza se atribuyeron a la falta de un desarrollo equilibrado y la imposibilidad de acceder a condiciones modernas de producción y reproducción social. 

La pobreza ha demostrado ser un fenómeno de mayor complejidad cuya atención exige ampliar las formas de interpretación y, por supuesto, las políticas para combatirla.

De allí las ocho propuestas de la ONU que se destinan en concreto, al desarrollo humano; hay otros proyectos, desde luego, que tienen que ver con el desarrollo económico y de infraestructura en comunicaciones. 

Por eso no tiene caso insistir con el mismo modelo: desde la primera sistematización de las políticas sociales, con programas hoy casi míticos como los de IMSS-Coplamar, hasta el surgimiento del programa Solidaridad (que muestra rasgos distintos en su conceptualización), el siglo pasado se caracterizó por una fuerte tendencia a la formulación de programas sustentados en criterios asistencialistas, en los cuales con ayudas directas, se buscaba atender a la población marginada, otorgando únicamente un conjunto de paliativos que, además de no resolver el problema de raíz, tenían las deficiencias de no apoyarse en un adecuado trabajo de focalización y no seguir un patrón de continuidad. Así ese modelo propició una red de clientelismos e intermediarios políticos, buscando capitalizar en favor de algún actor particular, las ayudas otorgadas, generalmente para el PRI o sus candidatos.

Esos modelos no pueden ser: por eso en la llamada reforma del estado solo se debe sustentar lo necesario para que sea una realidad el 115 constitucional: pero bueno, me perdí y bueno, no sabemos como evaluar si los alcaldes chiapanecos trabajaron bien, y sólo hay versiones de auditorias a los ayuntamientos de Tuxtla, San Cristóbal y Tapachula, ciudades éstas de falso espejismo y en dónde también se necesita mucho trabajo para el desarrollo humano.

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¡Larráinzar; cumplimiento y paz!